El Consejo de Seguridad de la ONU le agradeció al canciller Ncolás Maduro que enviara una orquesta a Ginebra para amenizar el Examen Periódico Universal, que por primera vez se aplicó a Venezuela.
Maduro coordinó la presentación de la Sinfónica Juvenil Simón Bolívar y del grupo de funcionarios que trataron de convencer al mundo de que en Venezuela no se violan los derechos humanos.
El ministro no respondió directamente las preguntas que le formularon los representantes de países interesados en la situación de Venezuela. Se limitó a aportar datos sobre los avances en derechos humanos.
Aseguró que se han reducido la pobreza y las desigualdades, y se han ampliado las libertades y la participación democrática: "Disminuyó a la mitad el número de hogares en situación de pobreza extrema. Venezuela es el país con menos desigualdad en América Latina", dijo.
La mayoría de los países que formularon preguntas y recomendaciones a la representación venezolana hicieron más críticas que elogios. El derecho de palabra fue otorgado por orden de llegada: Cuba, Nicaragua, Rusia, Bolivia y Ecuador madrugaron para ser los primeros y facilitar a Venezuela el comienzo del interrogatorio al que sería sometida.
El gobierno de los hermanos Castro recomendó a Venezuela "mantener su liderazgo internacional en la promoción de los derechos de la paz". Ecuador elogió las políticas para erradicar la pobreza.
La mayoría de los países coincidió en reconocer al Gobierno los siguientes aspectos positivos: el aumento del acceso a la educación especialmente la universitaria, la alfabetización y la reducción de la pobreza extrema.
Críticas y recomendaciones.
Desde que empezó a hablar el representante de Japón, el panorama cambió y comenzaron los cuestionamientos al desempeño de Venezuela en derechos humanos.
Gran parte de los países expresó preocupación por los mismos problemas. La inseguridad sobresalió por la alta tasa de homicidios en el país, además de la impunidad en los cuerpos de seguridad y en el sistema judicial. También se mencionó la precaria situación del sistema penitenciario, debido al hacinamiento y la violencia. Turquía pidió información del Ministerio para el Servicio Penitenciario y el Vaticano solicitó que se mejore la labor policial para afrontar la criminalidad
Otro asunto recurrente fue el pedido de que al sistema judicial venezolano se le permita funcionar de forma independiente. Muchos países lamentaron las represalias contra los jueces que toman decisiones que no favorecen al Gobierno.
Alemania hizo mención especial del caso de la ex jueza María Lourdes Afiuni, para quien solicitaron libertad.
Las naciones también mostraron preocupación por las limitaciones de la libertad de expresión y los ataques a medios y periodistas. Israel pidió que no se repriman con violencia las manifestaciones pacíficas contra las políticas del Gobierno. Una petición fue compartida por la mayoría: que se permita la visita a Venezuela de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y que no se criminalice la labor de las ONG.
Venezuela, a través de Nicolás Maduro, aseguró que la vida se garantiza para permitir el disfrute de otros derechos, algo que "se demuestra en la prohibición de la pena de muerte".
El procurador Carlos Escarrá considera que las verdaderas ONG son los consejos comunales. Aseguró que el Gobierno no tiene código alguno para limitar la libertad de expresión.
"Basta con leer un periódico o encender un canal", dijo.
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, admitió que garantizar los derechos humanos en las cárceles constituye un desafío ante el que se trabaja.
A pesar de la reiterada solicitud de independencia para el Poder Judicial, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, aseguró que este goza de "plena autonomía funcional, financiera y tecnológica".
Canadá se quedó esperando por la fecha en que se liberará a Afiuni y se respetarán las decisiones incómodas de los jueces.
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